La sanación, para la reconciliación

Por dra. Myrna Cunningham
Esta semana fui invitada a un evento sobre el impacto de los conflictos, la militarización, el tráfico de armas y narcotráfico sobre la vida y la salud de los Pueblos Indígenas, sus comunidades y estrategias para mitigación. Fue una oportunidad para repasar el proceso que vivimos en las comunidades de la Costa Caribe en la década de los ochenta y recordar algunas lecciones aprendidas.
En la década de los ochenta, la región centroamericana estaba en medio de conflictos, en un mundo sumido en la guerra fría. En Nicaragua, la revolución popular sandinista había derrocado a una dictadura que había sido apoyada por Estados Unidos durante décadas, trayendo con ello cambios profundos para los pueblos que históricamente habíamos sido excluidos. Los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y los habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua, vimos que era nuestra oportunidad para transformar las relaciones históricas entre nuestras comunidades y el Estado Nicaragüense.
Y aunque se dieron los primeros pasos en ese sentido como fue la conformación de MISURASATA y la Declaración de Principios y Definiciones de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) en 1981, el contexto mundial y la elección de Ronald Reagan como Presidente de Estados Unidos impusieron una "guerra." En Nicaragua, los Pueblos Indígenas y Afro descendientes la enfrentamos con negociaciones y acuerdos de paz.
Miembros de las comunidades del Caribe se incorporaron a los grupos armados que operaban desde Honduras y Costa Rica; comunitarios, especialmente del Wangki, pasaron a vivir en campamentos de refugiados en Honduras; comunidades fueron reubicadas por el Gobierno en campamentos. Muchas familias, se desplazaron dentro y fuera del país. En medio de esa terrible situación, teníamos que encontrar una solución que respondiese por un lado al conflicto militar y, por otro lado, al conflicto histórico que nuestras comunidades enfrentaban desde la época colonial.
Esto significaba, negociar la paz y, al mismo tiempo, promover las transformaciones estructurales necesarias para una convivencia multiétnica con respeto a la diversidad. Así iniciamos la autonomía. Nos embarcamos en un proceso de negociaciones para la paz, dentro y fuera del país, y un amplio proceso de consulta de reforma constitucional y el contenido de la Ley de Autonomía.
Después de casi cuatro décadas de esos acontecimientos, podemos confirmar que un proceso de paz en el que están involucrados Pueblos Indígenas y Afro descendientes, conduce a mejores resultados, cuando se abordan simultáneamente los factores históricos con los factores inmediatos, que conducen al conflicto militar.
La reestructuración del Estado mediante la creación de un sistema autónomo regional multiétnico, fue la confirmación de que Nicaragua no solo buscaba poner fin a una guerra, sino también iniciar una política de Estado, diferente con respecto a nuestros pueblos. La firma de mas de 400 acuerdos de cese al fuego y de paz con diferentes grupos armados, fue fundamental para la distensión necesaria, para lograr avances en la discusión de temas sustantivos. Ese proceso confirmó que el conflicto en la Costa Caribe no solo requería una solución militar, sino también soluciones de largo plazo. Los resultados tangibles inmediatos fueron la inclusión de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la Constitución de 1986 y la aprobación de la Ley de Autonomía en 1987.
Las consultas de autonomía en un contexto de guerra fueron la expresión de una amplia experiencia democrática. Sectores fundamentalmente importantes de la sociedad contribuyeron: líderes religiosos, comunitarios, líderes políticos, líderes de grupos indígenas armados.
La reconciliación como medida para lograr la paz ayuda a reconstruir procesos políticos, pero los impactos emocionales, sociales y culturales generados por las violaciones sobre víctimas y valores comunitarios, se expresan a mediano y largo plazo. Nuestra experiencia, muestra que la polarización se mantiene y se reproduce por generaciones. Por lo tanto, se requieren medidas colectivas de “sanación” para las víctimas, sus familias y miembros de la comunidad. En un proceso de confrontación, los protagonistas pierden su relación “emocional y empática” con las comunidades y no perciben el daño que causan al perpetuar y recrear sin descanso los conflictos, incluso después de muchas décadas.
Aprendimos que los acuerdos de paz deben respetar los derechos colectivos al territorio.
En el caso de Nicaragua, el gobierno entrante de los 90, entregó tierras a grupos armados desmovilizados, ubicadas en territorios indígenas de propiedad colectiva como Wangki Li Auhbra y Alto Wangki, lo cual era completamente contradictorio con los acuerdos sobre territorios comunales en el marco de la autonomía. Hasta la fecha estas zonas se han constituido en zonas de conflicto, puesto que los desarmados de las distintas facciones, incluidos los grupos indígenas, que recibieron “tierras privadas” ubicadas en territorios comunales las vendieron y esto ha generado repercusiones que se mantienen dos o tres décadas después.
Otra lección aprendida, es que hombres y mujeres desmovilizados regresan a sus hogares y comunidades con valores y modelos de gobernabilidad "verticales" y "militares". La lucha por restablecer las estructuras comunitarias tradicionales aún se mantiene. Y, aunque las organizaciones indígenas que participaron en la lucha militar se transforman en movimientos cívicos y políticos, prevalece en ellos una estructura militarista en las formas de toma de decisiones y búsqueda de solución a problemas comunitarios.
La participación de las mujeres en la promoción de acuerdos, la consulta por la autonomía y la lucha por la paz, organizando e integrando las Comisiones de Paz y Autonomía, ha sido muchas veces invisibilizados. El incremento de las violencias de género por la adopción de prácticas y valores patriarcales, es otro campo de lucha de largo plazo. En nuestro caso, fue importante el papel de ministros y predicadores de diversas iglesias, ancianos, sabias, miembros de organizaciones como la Cruz Roja.
Hay pocas experiencias documentadas sobre procesos de negociación en situaciones de conflicto armado entre Pueblos Indígenas y Estados. Esta semana en el evento, pudimos conocer sobre muchas zonas y formas de conflictos militares y sus impactos sobre Pueblos Indígenas. En todos los casos se tratan de experiencias complejas por la diversidad cultural y el particular vínculo histórico entre los Pueblos Indígenas y los Estados, sin embargo, una lección compartida es que el análisis y la resolución de conflictos militares que involucran a los Pueblos Indígenas requiere la comprensión del contexto geopolítico y los intereses de fuerzas externas.
El común denominador de los casos continúa siendo la enorme capacidad de resiliencia de los Pueblos Indígenas, los valores compartidos para la resolución de conflictos y la sanación individual y colectiva, que no es más que contar con espacios para desinternalizar las opresiones, celebrar los logros y volver a reconocernos y asumirnos como lo que somos: Pueblos con dignidad e integralidad.